En Ecuador, la protección penal de los animales sigue siendo débil y profundamente desigual. Un análisis de los registros del Ministerio de Ambiente y Energía, en adición a la base de datos de la Función Judicial muestra que, pese al aumento progresivo de denuncias por delitos contra la fauna silvestre desde 2022, el número de procesos que llegan a una sentencia se mantiene prácticamente en cero.

Mientras tanto, la discusión en la Asamblea Nacional sobre la Ley Orgánica de Protección Animal (LOA) continúa estancada, pese a que esta norma fue ordenada por la Corte Constitucional como una obligación del Estado para dotar de mayores garantías a los animales, considerados como sujetos de derecho.

En 2025 se registraron más de 7.000 especímenes de fauna silvestre retenidos por delitos contra la fauna silvestre a escala nacional. No obstante, solo 16 causas avanzaron hacia la etapa de proceso formal. En algunas provincias, como Azuay, Tungurahua, Pastaza o Santa Elena, no existe un solo proceso abierto en los últimos tres años.

La categoría “causas resueltas” —que engloba decisiones judiciales— evidencia un vacío aún más crítico: más de la mitad del país registra cero sentencias en 2025, y ninguna provincia supera las cuatro resoluciones anuales.

Esto convierte a los delitos contra fauna en una de las áreas con mayor impunidad dentro del sistema penal.

¿Por qué no avanzan los casos?

La abogada especialista en derecho animal, Inti Alvarado, que forma parte del movimiento que impulsa la LOA, explica que el problema no es solo estadístico: es estructural. Y tiene su raíz en una traba jurídica que, en la práctica, hace imposible que el juez pueda tratar con eficiencia los casos.

Se trata de la carencia total de especialistas. No existen peritos en derecho animal registrados en el Consejo de la Judicatura. A esto se suma que los jueces y fiscales no han recibido formación para interpretar derechos de animales como sujetos jurídicos.

La jurista agrega que los casos se fragmentan en unidades “ambientales” que consideran el ecosistema, pero no la vida individual de los animales. Este vacío técnico —considera— provoca decisiones contradictorias, lentas o simplemente inacciones.

El pendiente legislativo: ¿qué pasa con la LOA?

La Ley Orgánica de Protección Animal (LOA), exigida por la Corte Constitucional desde finales del 2022, fue archivada en su versión anterior debido a que —según Alvarado— se había inclinado hacia los intereses de industrias que se benefician del uso de animales, y no hacia el desarrollo de sus derechos.

El archivo no cierra el proceso:

• La Asamblea se comprometió a presentar un nuevo proyecto.
• La Corte Constitucional tiene la facultad de vigilar su cumplimiento.
• Organizaciones y especialistas esperan que en 2026 se retomen las mesas técnicas.

Para Alvarado, la LOA debe corregir fallas estructurales:

• Crear unidades judiciales especializadas.
• Incorporar peritos acreditados.
• Desarrollar medidas de protección cautelar para animales víctimas.
• Capacitar a operadores de justicia en derecho animal.

Autor: Daniel Tristancho